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El mapa del terror
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miércoles 12 de noviembre de 2014
Los testimonios y otras pruebas de la causa Área Paraná permiten ubicar geográficamente los sitios de la capital entrerriana donde se planificó y ejecutó el terrorismo de Estado. Además, cómo estaba organizada la represión y quiénes la llevaron adelante.
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Alfredo Hoffman
En las audiencias públicas de la causa Área Paraná, que se iniciaron el 6 de octubre, se han escuchado testimonios que, junto con otras pruebas, permiten reconstruir el mapa del terror: dónde y cómo se ejecutó el terrorismo de Estado en la capital entrerriana. Hemos seleccionado 20 sitios que fueron escenario del plan sistemático de represión ilegal y que incluyen centros clandestinos de detención, lugares de secuestro o asesinato de militantes, sedes de instituciones al servicio del genocidio y posibles enterramientos clandestinos.


Para desplegar el mapa en alta resolución, click aquí. 






















El plan 

Para ejecutar el plan sistemático y clandestino de represión ilegal a los militantes políticos, sociales, estudiantiles, gremiales y demás opositores a la dictadura cívico-militar, el régimen de mediados de la década del 70 dividió al país en cinco zonas –que a su vez se dividían en subzonas– que se correspondían cada una con un Cuerpo de Ejército. Entre Ríos estaba ubicada en la Zona II de Defensa, que abarcaba también a Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. A cargo de esa zona estaban quienes fueran comandantes del II Cuerpo de Ejército entre 1975 y 1979, los generales Ramón Genaro Díaz Bessone y Leopoldo Fortunato Galtieri –el primero incapacitado mentalmente y el segundo fallecido. A Entre Ríos correspondió la subzona 22 y la capital provincial fue denominada “Área Paraná”, de allí el nombre de la causa judicial que está ahora en etapa de plenario.

Aquella división fue establecida en la Orden Parcial 405/76, elaborada por el Ejército Argentino el 21 de mayo de 1976. Tales zonas definían ámbitos jurisdiccionales para operar militarmente. Se constituyeron “fuerzas conjuntas” sobre la base de “elementos” pertenecientes a dos o más fuerzas armadas, operando bajo un solo comando y para cumplir una misión común. También actuaban bajo control operacional de dicho comando los miembros de fuerzas federales de seguridad (Gendarmería Nacional, Prefectura Nacional), policiales (Policía Federal y provinciales) y de los servicios penitenciarios.

A partir del golpe del 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas asumieron el control total y absoluto del Estado, estructuraron la llamada “lucha contra la subversión” del modo en que fue descripto ya en la sentencia del Juicio a las Juntas de 1985, luego confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “a) capturar a los sospechosos de tener vínculos con la subversión, de acuerdo con los informes de inteligencia; b) conducirlos a lugares situados en unidades militares o bajo su dependencia; c) interrogarlos bajo tormentos, para obtener los mayores datos posibles acerca de otras personas involucradas; d) someterlos a condiciones de vida inhumanas para quebrar su resistencia moral; e) realizar todas esas acciones en la más absoluta clandestinidad, para lo cual los secuestradores ocultaban su identidad, obraban preferentemente de noche, mantenían incomunicadas a las víctimas negando a cualquier autoridad, familiar o allegado el secuestro y el lugar del alojamiento; y f) dar amplia libertad a los cuadros inferiores para determinar la suerte del aprehendido, que podía ser luego liberado, puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, sometido a proceso militar o civil, o eliminado físicamente”.

Las órdenes impartidas dieron lugar a la comisión de un gran número de delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios, desapariciones forzadas y otros.

En julio de 2011, al formular acusación, la Fiscalía describió que en el Área Paraná fue característica de la represión el alojamiento de las víctimas en condiciones deplorables en los calabozos para soldados del Escuadrón de Comunicaciones 2 (sin camas ni abrigos, con alimentación deficiente, sin serles permitido higienizarse ni concurrir al baño más que una vez al día, etc.) y su traslado para los interrogatorios y aplicación de tormentos a lugares que se encontraban en el mismo Escuadrón, en la Escuela Álvarez Condarco, en la por entonces Comisaría 7ª de Paraná (Comisaría del Brete), en dependencias de la Unidad Penal N° 1 (Casa del Director y Unidad Familiar) e inmuebles precarios, abandonados, ubicados en cercanías de la II Brigada Aérea, en el actual predio municipal “Pro-Huerta” y en la antigua Escuela “Balbarrey”.

Otra particularidad de la represión fue “el sometimiento de los civiles víctimas del accionar delictivo desplegado, a la parodia de juicios ante Tribunales Militares, en los que se utilizaron como prueba de cargo actas de supuestas declaraciones testimoniales de tales víctimas en su contra, que eran obligadas a suscribirlas bajo amenazas, vejaciones y tormentos y en los que carecían de defensa efectiva, atento que quienes ejercían dichas funciones solamente tenían una actuación protocolar”.

Asimismo, para “legalizar” los homicidios perpetrados contra algunas de las personas privadas ilegítimamente de su libertad, se produjeron simulacros de fuga y de enfrentamiento. Así, el desaparecido Victorio Coco Erbetta fue asesinado y luego se realizó en un simulacro de fuga en el centro clandestino de detención Escuadrón de Comunicaciones. En la denominada Masacre de la Tapera, falso enfrentamiento, fueron asesinados los desaparecidos Juan Alberto Osuna y Carlos José María Fernández. Los restos de Osuna fueron ubicados por su familia en el sector de indigentes del cementerio municipal de Paraná en 1980 y en 2007 fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense. El desaparecido Pedro Sobko fue asesinado en avenida Ramírez y La Paz cuando se escapó del baúl del auto donde era trasladado. El desaparecido Claudio Fink fue secuestrado en su casa de calle Jujuy y nunca más se volvió a saber de él.

Los represores

Los responsables de la represión ilegal en Entre Ríos fueron los ya mencionados comandantes del Segundo Cuerpo de Ejército Díaz Bessone y Galtieri. La subzona correspondiente a Paraná estuvo a cargo de los comandantes de la II Brigada de Caballería Blindada, Abel Teodoro Catuzzi (fallecido) y Juan Carlos Ricardo Trimarco (fallecido). En ese organismo militar se desempeñaron el teniente coronel Carlos Patricio Zapata (fallecido), el capitán Alberto Rivas (imputado) y el teniente Auditor Jorge Humberto Appiani (imputado). Bajo la órbita del Comando de Brigada operaba, entre otros, el Escuadrón de Comunicaciones 2, a cargo del mayor Constantino Francisco González (fallecido), cuyo segundo era Carlos María Cerrillos (fallecido), y el Escuadrón de Ingenieros 2, donde prestara servicios Oscar Ramon Obaid (imputado).

En la Policía Federal se destacaron el subcomisario José Faustino Fernández (fallecido), el principal Osvaldo Luis Conde (fallecido) y el oficial Cosme Ignacio Marino Demonte (imputado). En la Policía de Entre Ríos, el subcomisario Francisco Luis Armocida (incapacitado mentalmente) y los oficiales Daniel Manuel Rodríguez (fallecido) y Carlos Horacio Zapata (imputado). En el Servicio Penitenciario: los directores de las Unidades Penales N° 1 y N° 6, José Anselmo Appelhans y Rosa Susana Bidinost (imputados); el médico de la Unidad Penal N° 1 y de la Fuerza Aérea, Hugo Mario Moyano (imputado), y los fallecidos Alfredo Ismael Duré y Ramon Oscar Balcaza.

A estos se suma el represor que se hacía llamar Ramiro, que no ha podido ser identificado plenamente pero se sospecha que podría ser el militar Marino Héctor González.

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Comentarios:
Manuel
13/11/2014 09:11
Centros de apropiación, tortura y desaparicion en los años de plomo.
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Los testimonios y otras pruebas de la causa Área Paraná permiten ubicar geográficamente los sitios de la capital entrerriana donde se planificó y ejecutó el terrorismo de Estado. Además, cómo estaba organizada la represión y quiénes la llevaron adelante.

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